El Departamento de Justicia firmó un acuerdo que veta de forma permanente las investigaciones fiscales contra la familia del mandatario; el pacto incluye un fondo compensatorio de 1,800 millones de dólares.
Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consolidó un acuerdo gubernamental vinculante que inhabilita de manera permanente al Servicio de Impuestos Internos para realizar auditorías, inspecciones o investigaciones de carácter retroactivo relacionadas con los ejercicios fiscales y conductas financieras pasadas de su entorno familiar y de su conglomerado de empresas.
Alcance del veto legal y resoluciones del Departamento de Justicia: El dictamen, divulgado de forma oficial por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuenta con la rúbrica del fiscal general interino, Todd Blanche. El documento jurídico establece con carácter de cosa juzgada que la agencia recaudadora federal quedará prohibida y vetada para siempre de reclamar, auditar o fincar responsabilidades sobre las conductas fiscales de la familia Trump que hayan acontecido antes de este martes.
Esta resolución forma parte de un arreglo extrajudicial integral diseñado entre la administración federal y los equipos jurídicos del mandatario para poner fin a los litigios civiles promovidos por Trump y sus hijos en contra de la hacienda estadounidense, derivados de la filtración ilegal de sus declaraciones patrimoniales confidenciales. Como parte de las cláusulas del convenio, se autorizó la creación de un fondo especial de 1,800 millones de dólares provisto por el Estado, cuyo objetivo será indemnizar a los ciudadanos declarados como víctimas de una presunta militarización e instrumentación política del sistema judicial estadounidense.
Antecedentes del litigio por filtraciones de la prensa: La disputa jurídica se originó a principios del año 2026, cuando el titular del Ejecutivo estadounidense, en compañía de sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, formalizó la demanda en contra del Servicio de Impuestos Internos tras la vulneración y divulgación a medios de comunicación de sus registros fiscales privados durante los años 2020 y 2021.
Las filtraciones periodísticas, difundidas en su momento por plataformas editoriales como The New York Times y ProPublica, expusieron las estructuras contables de diversos consorcios multimillonarios. En el caso específico del político republicano, los reportes señalaban que únicamente había efectuado pagos por 750 dólares en impuestos federales sobre la renta durante los ejercicios de 2016 y 2017. Asimismo, las publicaciones sostuvieron que el empresario no registró pagos de impuestos federales en 11 de los 18 años auditados por la prensa, argumentando la existencia de pérdidas financieras considerables en sus unidades de negocio, señalamientos que quedan administrativamente clausurados tras la firma del presente acuerdo de inmunidad retroactiva.
