Las agencias de investigación policial cumplimentaron una orden de aprehensión emitida en el año 1998; el Estado hondureño mantenía una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este crimen.
Tegucigalpa. Las fuerzas de seguridad del Gobierno de la República de Honduras detuvieron de forma oficial al presunto autor material del asesinato del ingeniero agrónomo, ecologista y exconcejal hondureño Carlos Luna, un homicidio de alto impacto social acontecido en el este de la nación centroamericana hace 28 años.
Detalles del operativo táctico en Olancho: El imputado, un hombre de 53 años de edad, fue localizado y asegurado en el perímetro urbano del municipio de Catacamas, perteneciente a la provincia de Olancho. La Policía Nacional de Honduras informó mediante un comunicado institucional que la aprehensión fue el resultado de una prolongada operación de inteligencia basada en metodologías de ubicación, análisis perimetral y seguimiento técnico de objetivos prioritarios.
En las maniobras de captura participaron de manera coordinada los efectivos adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, así como los agentes especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El bloque policial dio cumplimiento formal a un mandamiento judicial que permanecía pendiente de ejecución desde finales del siglo pasado. Al investigado se le imputan cargos penales como presunto responsable de los delitos de asesinato y tentativa de homicidio en grado de ejecución de tentativa.
El perfil de la víctima y el activismo forestal Los archivos del Ministerio Público refieren que el atentado en contra de Carlos Luna se perpetró el 18 de mayo de 1998, en los momentos en que el activista salía de las instalaciones de un inmueble del gobierno local tras concluir una sesión de cabildo de la corporación municipal donde ejercía funciones como concejal.
Luna gozaba de un amplio reconocimiento social en la región debido a su rol al frente de brigadas de fiscalización ambiental y por formalizar denuncias ante las fiscalías competentes sobre actos de corrupción gubernamental relacionados con la adjudicación irregular de permisos de explotación maderera y la tala clandestina de los bosques nativos. Previo al ataque, el ingeniero agrónomo había manifestado públicamente ante medios de difusión y agencias del orden que era objeto de constantes amenazas de muerte por parte de grupos de interés empresarial y servidores públicos locales.
Precedentes y sentencias de la Corte Interamericana La corporación de seguridad pública enfatizó que el homicidio de Luna funcionó como un detonante que visibilizó a nivel internacional el escenario de vulnerabilidad, persecución y violencia sistemática que encaran los defensores del medio ambiente y de la tenencia de la tierra en la región de América Latina.
Derivado de la inactividad procesal y el rezago en las indagatorias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos turnó el expediente hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal de justicia continental que en el año 2013 emitió un fallo condenatorio declarando al Estado de Honduras internacionalmente responsable por la violación del derecho a la vida y la falta de garantías de protección. En acatamiento de las medidas reparatorias dictadas por los magistrados internacionales, el Gobierno de Honduras ofreció una disculpa pública institucional a los familiares del ambientalista durante un acto de Estado celebrado en Tegucigalpa en mayo de 2014, agenda que registra un avance técnico determinante con el arresto del probable ejecutor.
